¿Quién teme a las víctimas vascas del terrorismo?


Recientemente, los nacionalistas vascos, los mismos que durante décadas no han tenido ningún complejo en colaborar, acordar, firmar y trabajar codo a codo con los proetarras, han mostrado públicamente, y en ocasiones de un modo airado, su disconformidad con el, en su opinión excesivo, protagonismo que el Gobierno de Patxi López otorga a las víctimas del terrorismo. En absoluto resulta extraño este escándalo entre los independentistas más tramontanos y reaccionarios, porque la voz de las víctimas del terrorismo, en los medios de comunicación, en las escuelas, en las instituciones o en el Parlamento de Vitoria, es un testimonio de la ignominia del horror terrorista, pero es también una evidencia irrefutable de tantos como en este país han jaleado, alentado, justificado y comprendido la barbarie criminal.

Cualquier análisis del reciente papel socio-político desempeñado por las víctimas del terrorismo no puede obviar que uno de los elementos que más ha contribuido a que la violencia terrorista se haya perpetuado en Euskadi y en España a lo largo de más de treinta años ha sido el hecho de que, durante todo este tiempo, gran parte de la sociedad vasca ha interiorizado que el recurso al asesinato, al chantaje, a la amenaza o la extorsión, es algo que, aunque reprobable, puede ser comprensible dada la existencia de un presunto y falsario “conflicto político” que, al parecer, no puede ser solucionado por vías exclusivamente democráticas. Perversas razones de interés nacionalista, falsos progresismos hipermodernos que alimentan la falsa creencia de que todas las ideas pueden ser dichas sin responsabilidad (incluso las que exigen más tiros en la nuca) y una asombrosa dejación de las instituciones en su responsabilidad de hacer cumplir la legalidad democrática, han alimentado esta atrocidad y han posibilitado la obscenidad suprema de que el punto de vista que haya primado en Euskadi a la hora de analizar la realidad política de la comunidad fuera el de los verdugos, y nunca el de sus víctimas.

Esta situación indecente, mantenida en el tiempo, alimentada con entusiasmo y multiplicada exponencialmente por el desinterés de algunos y el desistimiento de muchos, provocó durante muchos años la marginación radical y el abandono más absoluto de las víctimas del terrorismo, pero, además, recreó un universo trémulo donde la defensa y la protección de los derechos básicos de las personas se consideraba como algo anecdótico que podía someterse a intereses más espurios como la presunta construcción de una nación fantasmal. Frente a esta mirada orweliana de los verdugos, que fue la que llegó a su grado máximo de expansión con la firma en 1998 del Pacto de Estella entre los nacionalistas vascos y los terroristas vascos, las víctimas, con el convencimiento de que será imposible alcanzar la paz sobre el olvido de lo padecido, sobre la injusticia y la impunidad, se han convertido en el único antídoto válido para superar el cáncer moral que el terrorismo ha extendido por todos los rincones de la sociedad vasca.

La ejemplaridad de la voz de las víctimas se asienta sobre varias razones.

En primer lugar, porque las propias víctimas, en condiciones profundamente dramáticas, han sido siempre un ejemplo modélico de respeto al sistema democrático, de lucha por la justicia, de renuncia a la venganza, de repulsa a cualquier método violento para terminar con ETA y de trabajo firme por mantener la verdad de lo sucedido, a pesar de los muchos intentos que en Euskadi se han hecho por manipular tanto las historias particulares de muchos asesinados por ETA como la propia historia colectiva de todos los vascos.

Por otro lado, los familiares de las víctimas del terrorismo conocen mejor que nadie toda la atrocidad, el dolor, el drama y las consecuencias que se derivan de cada atentado criminal. Las víctimas acumulan en sus muy diversas, ocultas y trágicas historias, toda la infamia que se ha vertido en el País Vasco y, por ello, poseen una autoridad crucial para desmontar despropósitos ideológicos que, aún hoy, tratan de buscar explicaciones y dotar de comprensión a las acciones terroristas más crueles y sanguinarias.

A pesar de que, en algunas ocasiones, las personas que han sufrido directamente o en la figura de algunos de sus allegados el ataque de los violentos reniegan del papel protagonista que se les confiere, la mayor parte de éstas entiende que son las únicas que pueden liderar el proceso que lleve a la sociedad vasca a observar su virulenta y triste realidad desde el punto de vista de quien la sufre y no de quien la provoca, desde la mirada del que muere y no del que mata, y desde el prisma de quienes, en muchos casos, han dado lo mejor de sí mismos para defender la libertad de todos. Natividad Rodríguez, viuda de Fernando Buesa, máximo responsable del Partido Socialista de Euskadi en Álava, asesinado por ETA en febrero de 2000, ha explicado muy sucintamente cuál debe ser, en su opinión, el papel público de las víctimas terrorismo. “Nadie puede entender la política vasca de los últimos años sin la existencia de una sociedad profundamente atemorizada por la actividad asesina de ETA y, por ello, las víctimas han de tener un lugar central en el debate político. (...) Cualquier proyecto de convivencia, para ser moral, deberá respetar la memoria de las víctimas; para ser legítimo, deberá plantearse en condiciones de igualdad y libertad de todos los participantes; y para ser legal, deberá cumplir las reglas de juego preestablecidas, que en democracia se plasman en las normas legítimamente aprobadas”.

En Estados Unidos, donde hasta el 11 de septiembre de 2001 prácticamente no se tenía ninguna experiencia de la tragedia que siempre acompaña a cualquier atentado, independientemente de la magnitud de éste, se comprendió rápidamente que el pilar básico desde el que una colectividad debe recuperarse tras sufrir una serie de acometidas terroristas es siempre el de las víctimas de la barbarie. No se trata solamente de que detrás de los nombres y apellidos de cada una de las personas diezmadas por el horror fanático se encuentre una vida rebosante de ilusiones, de sueños y de esperanzas como la de tantos seres humanos que todos los días salen a la calle en múltiples lugares del globo tratando de llevar una existencia digna y en paz. Lo más importante que hay que tener en cuenta es que cada víctima de un ataque terrorista es un proyecto de futuro cercenado, es una familia a la que se le ha roto el porvenir y es, en la presencia de los heridos, o en la ausencia de los fallecidos, una cicatriz en el rostro de una sociedad que tras la llaga del horror ya nunca vuelve a ser como antes.

A las pocas horas de la destrucción del World Trade Center, tanto Nueva York como el resto de Estados Unidos trabajaban como un único hombre en las tareas de limpieza y desescombre pero, principalmente, la sociedad norteamericana se había convertido en un gigantesco servicio de asistencia médica, psicológica, material y espiritual para los familiares de las más de tres mil personas que perdieron la vida en el ataque a las Torres Gemelas.

Reconocer, ayudar y proteger a las víctimas de la barbarie es un acto de humanidad, pero es también una iniciativa que contribuye a la cohesión ética de la ciudadanía, que polariza las fuerzas contra el terror y que, desde un primer momento, deslegitima radicalmente cualquier intento de comprender, argumentar o justificar la acción asesina llevada a cabo por los criminales. En el rostro de cada una de las víctimas de un atentado terrorista, en el sufrimiento de los heridos y en el desconsuelo de los familiares, se encierra el dolor de toda una sociedad lesionada que, en el fondo, siempre es el principal objetivo de una acto criminal de estas características. El terrorista, asesinando a personalidades relevantes o destruyendo la vida de cientos de ciudadanos anónimos, busca conmocionar a la totalidad de la población a través del chantaje de las armas, mediante la presión del miedo indefinido y utilizando el horror como eficaz instrumento de ruptura de lo que los criminales más odian: la libertad de cada persona, y la potestad de ésta para hacer uso de este derecho elemental de un modo ajeno cualquier dictado político o religioso.

La comprensión de que la memoria de las personas asesinadas es el principal bien a resguardar tras la acción terrorista, la asunción de que los familiares de las víctimas deben ser considerados como el centro de cualquier iniciativa política-social que se impulse inmediatamente después de cometido el acto violento y el convencimiento de que la respuesta al terror de masas debe asentarse siempre sobre la eficacia policial, la firmeza judicial y el reconocimiento público, repetido y socialmente masivo a las víctimas, son realidades que en España en general, y en el País Vasco en particular, han tardado más de treinta años en ser interiorizadas y comprendidas y, por ello, las iniciativas que el Ejecutivo de Patxi López está poniendo en marcha para trabajar contra esta profunda perversión ética serán siempre bienvenidas. A pesar de lo mucho que vociferen los nacionalistas vascos, los mismos que tantos abrazos cómplices y sangrientos han dado a quienes tantas vidas han segado.



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