El nacionalismo vasco más radical se hace fuerte en Guipúzcoa

Redacción BPV. San Sebastián. La Diputación Foral de Gipuzkoa realizó el pasado sábado una declaración institucional y colocó una placa (en la fotografía, detalle de la misma) en un lugar privilegiado de su edifico rechazando lo que considera como "una imposición externa": la orden del Tribunal Supremo por la que se obliga a esta institución a colocar la bandera española en la fachada de su sede.

Según esta declaración, para los independentistas vascos, la bandera española es una "expresión de los valores insípidos, derechos y deberes constitucionales que representan, y de la unidad, independencia y soberanía e integridad del Estado español". Además, según el diputado foral, en ocasiones, "las enseñas se convierten en símbolos del anhelo de un pueblo y es entonces cuando cobran utilidad al convertirse en activadores de sentimientos propios de identidad". Frente a ello, Markel Olano señala también que cuando las enseñas son "impuestas por la ley de la fuerza y por la fuerza de la ley" también cumplen una función al convertirse en "símbolos de la imposición, recordatorios de las carencias de nuestra convivencia". En este sentido, para la Diputación de Gipuzkoa, "la bandera española es un símbolo impuesto bajo amenaza de sanción, en contra de la voluntad mayoritaria de los guipuzcoanos y de la capacidad decisoria de sus representantes, lo que constituye una falta de respeto a la voluntad popular, una negación del derecho a decidir libremente".

Definitivamente, el nacionalismo vasco más radical, el independentismo fanático y caduco que llegó a su máximo apogeo bajo las dos legislaturas de Juan José Ibarretxe, se ha refugiado en las Diputaciones de Guipúzcoa y de Vizcaya después de que, hace estos días un año, el PNV fuera desalojado de Ajuria Enea.

Los adalides de la patria mítica, los defensores acerrimos del pensamiento único secesionista, los que consideran que los únicos vascos posibles son los vascos nacionalistas, tratan ahora de boicotear la democracia española y la Constitución que tanto odian desde los mismos entes forales que, gracias a la Carta Magna y al Estatuto de Autonomía que de ella mana, manejan la totalidad de los impuestos de los ciudadanos de esta comunidad autónoma.

Estos personajes de vodevil decimonónico, profundamente ignorantes de las leyes y de la historia y, por lo tanto, patéticamente atrevidos, dicen odiar la democracia española que "no les representa", pero ocupan sus cargos gracias al sistema normativo surgido de ella; esta gente denuncia "la imposición" de la bandera espoñala en sus instituciones, pero son diputados, concejales y cargos públicos por la gracia de un sistema político modélico que ellos mismos llevan más de tres décadas boicoteando al mismo tiempo que forman parte fundamental del mismo; éstos que, en fin, descubren placas contra una orden exquisitamente democrático, "porque no se respetan los deseos de pueblo vasco", tienen autoridad para liderar el territorio guipuzcoano, potestad para mancillas a las instituciones no controladas por ellos e impunidad absoluta para poner en marcha sus proyectos como consecuencia de un sistema de convivencia que, si por ellos fuera, hace muchos años que habría desaparecido ya para siempre.

Ante esta situación, los ciudadanos guipuzcoanos debemos preguntarnos, muy seriamente, si nuestros impuestos pueden ser correctamente gestionados, conforme a la ley, por quienes no solamente no creen en las normas que les mantienen en sus cargos sino que, además, tratan de bloquearlas. Del mismo modo, los guipuzcoanos hemos de interrogarnos sobre cuál es la solidez ética, la preparación intelectual, la formación cultural y la dignidad ciudadana de unos hombres y mujeres que dirigen las instituciones democráticas como si éstas fueran las cuadras en las que se reúnen los comités de dirección de sus respectivos partidos nacionalistas. Y tras reflexionar sobre estas cuestiones, deberíamos actuar en consecuencia.



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