La economía guipuzcoana retrocede en manos del nacionalismo radical


El mundo nacionalista guarda con celo, en Guipúzcoa, el legado político radical de Juan José Ibarretxe, pero la mayor presión independentista existente en este territorio viene traduciéndose, mes a mes, en unos resultados económicos realmente nefastos.

La producción industrial, por ejemplo, cayó en el pasado mes de enero un 3% con respecto a diciembre de 2009. En términos interanuales -en comparación con enero de 2009- el retroceso es bastante más amplio, todavía del 8,1%, lo que da idea del alcance y persistencia de la crisis en la industria guipuzcoana. A nivel de País Vasco, la actividad industrial media disminuyó el 2,3% intermensual y el 4,8% interanual.


También cae de un modo importante la recaudación tributaria. La Hacienda Foral de Guipúzcoa recaudó en enero 262,9 millones de euros, lo que significa un descenso del 1,8% y confirma una tendencia con graves altibajos, en la que a un aumento de los ingresos fiscales le sigue un fuerte decremento de los mismos.


Del mismo modo, y en lo que hace referencia al número de afiliados a la Seguridad Social, la media en Guipúzcoa fue de 306.529 personas, con un incremento mensual del 0,05% y un descenso interanual del 2,39%.

Otro tanto ocurre con el número de personas desempleadas. En el ámbito del País Vasco, el mayor número porcentual se registró, el pasado mes de febrero, en Guipúzcoa, donde el paro se incrementó en un 1,34%, con 549 personas sin empleo más que en enero.


Un ejemplo inequívoco de los padecimientos que sufre la economía guipuzcoana: la actividad del Puerto de Pasajes (en la imagen) se desplomó el pasado ejercicio a sus niveles más bajos de las últimas dos décadas. En 2009, el tráfico de mercancías del principal puerto guipuzcoano descendió un 26%, hasta las 3,5 millones de toneladas, un volumen similar al que registraba en los años setenta del siglo pasado.

Para paliar esta grave situación económico, Gipuzkoa ha aprobado ya algunas medidas especiales. La primera de ellas, plantar peajes en la práctica totalidad de las principales carreteras del territorio, en principio para vehículos pesados, aunque es posible que la medida se extienda a todo tipo de automóviles. La respuesta no se ha hecho esperar: transportistas y asociaciones empresariales denuncian la radicalidad de la medida, mientras que desde el Gobierno de Navarra ya se anuncia la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra esta norma.







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