El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco acepta colocar en las instituciones placas insultantes contra el ordenamiento constitucional español


EIG. Sixto Guzmán Ríos. El nacionalismo vasco más radical sigue obteniendo beneficios de las instituciones a las que no se cansa de vejar e insultar. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) considera que la Diputación de Guipúzcoa ha cumplido la sentencia que le obliga a hacer ondear la bandera española en su sede, a pesar de que en la entrada al edificio foral colocó una placa en la que se lee que se trata de un "símbolo impuesto". El TSJPV ha desestimado el incidente de ejecución de sentencia planteado por la Abogacía del Estado por la declaración institucional de la Diputación de Guipúzcoa contra la obligación de colocar la bandera española en su sede.

La Abogacía del Estado planteó este incidente al entender que la declaración de la institución foral y la placa colocada "impiden el total y efectivo cumplimiento" de la sentencia que le obliga a hacer ondear la enseña. El abogado del Estado consideró que la Diputación había llevado a cabo un "indebido cumplimiento de la sentencia del 30 de septiembre de 2005", por la que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco obligó a esta institución a colocar la bandera española en su sede, a instancias de la Delegación del Gobierno del País Vasco.

No obstante, el TSJPV habría desestimado la petición del abogado del Estado al entender que "la ejecutoria se ha llevado a cabo pues la bandera ondea" y que la colocación de una placa con una leyenda es "ajena al pleito". "Esta placa y su contenido no obstaculizan ni impiden que la bandera esté en su debido sitio", argumenta el tribunal, que señala que el cuestionamiento del contenido de la citada placa, colocada por el diputado general, Markel Olano, el 27 de febrero, "deberá promoverse a través del proceso que corresponda, según la gravedad que para el actor merezca el texto".

Una vez conocido el fallo, el portavoz de la Diputación, Eneko Goia, ha animado a los ayuntamientos "donde por sentencia se les obligue a izar la bandera española" a que coloquen "en un lugar destacado" una placa "bien visible" que refleje "el sentir mayoritario de nuestra sociedad en contra de la imposición de símbolos".



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