"Las medidas de reinserción solamente pueden darse si los terroristas reconocen el daño causado y aceptan el Estado de derecho"

Opinión invitada: Natividad Rodríguez, Presidenta de la Fundación Fernando Buesa Blanco



Ante un eventual final de ETA, que se vislumbra próximo, resulta necesario recordar que la manera en que se haga este proceso final va a condicionar mucho la convivencia futura entre vascos.

Desde la Fundación Fernando Buesa estamos sinceramente convencidos de que ETA, que tanto nos ha hecho sufrir, se encuentra en una situación de gran debilidad, lo que no es óbice para que aún pueda hacer mucho daño. Esta debilidad no es casual, sino fruto de la actuación decidida del Estado de Derecho en su lucha antiterrorista, de los acuerdos entre los partidos democráticos en la estrategia para acabar con la banda, de la colaboración internacional y de la voluntad social inmensamente mayoritaria en Euskadi y en el resto de España. Es fruto, además, de las políticas de tolerancia cero con el terrorismo puestas en marcha por los gobiernos central y vasco.

La Fundación Fernando Buesa desea fervientemente que el final de ETA se produzca lo antes posible, pero no a cualquier precio. Hemos rechazado siempre que el final de la violencia vaya acompañado de contrapartidas políticas y hemos reivindicado también la necesidad de la unidad democrática en la lucha contra el terrorismo. Desde esta perspectiva, queremos contribuir con algunas reflexiones sobre cuáles deberían ser las líneas maestras de una hoja de ruta del final de ETA.

En primer lugar, también en ese final del terrorismo, la actuación de todos los poderes públicos debería venir marcada por los principios y valores del Estado de Derecho y ser liderada por los partidos democráticos.

El fin del terrorismo no puede suponer rédito político alguno, por lo que no cabe ninguna contrapartida política para los terroristas. Creemos que la integración en el juego político democrático de los sectores que no condenan el terrorismo deberá darse cuando, de una manera nítida, rechacen el uso de la violencia como método para conseguir fines políticos y, además, acepten de manera indubitada la legitimidad y los valores del Estado de Derecho.

En nuestra opinión, un elemental respeto al derecho a la justicia de las víctimas del terrorismo exigirá que los delitos terroristas sean investigados y juzgados.

Una vez comprobado fehacientemente el final definitivo de la actividad terrorista, y únicamente en ese momento, la democracia española, dentro de lo previsto en el ordenamiento jurídico, podrá propiciar medidas favorecedoras de la reinserción de los terroristas presos. Para ello, consideramos que será necesaria la proclamación por parte de los terroristas de la ilegitimidad de la violencia para conseguir fines políticos, el reconocimiento y la reparación del daño causado y la asunción de la legitimidad de nuestro Estado de Derecho.

Y en estos momentos en los que la unidad democrática es un hecho en Madrid y en Vitoria, en los que la estrategia común es la de acabar con ETA, creemos necesaria la prudencia de todos los partidos e instituciones, y dosis de generosidad para no buscar protagonismos ni intereses partidarios. Son momentos difíciles, en los que la cercanía del final no nos puede llevar a cometer errores. Ni por exceso, ni por defecto. Sobre todo será muy importante no caer en la tentación de creer que desaparecida ETA, han desaparecido todas sus consecuencias.

Desde la Fundación queremos manifestar que la victoria sobre ETA será la victoria del Estado de Derecho sobre el totalitarismo, el fanatismo y la exclusión. No va a ser la victoria en exclusiva de ningún partido político, ni de ninguna personalidad, sino la de todos los demócratas, la de toda la sociedad.



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