La urgente necesidad de derogar el Decreto 123/2008 que impone en el País Vasco las multas lingüísticas por no hacer negocios en euskera




El próximo 17 de julio de 2010 vence el plazo de dos años de adaptación concedido por el Decreto 123/2008, de 1 de julio de 2008, sobre los “Derechos Lingüísticos de las personas consumidoras y usuarias”, promulgado por el anterior gobierno independentista de Juan José Ibarretxe.

Por lo tanto, y a partir de esa fecha, las empresas y establecimientos comerciales señalados en la norma (empresas de telecomunicaciones, de transporte, de energía, financieras y establecimientos comerciales abiertos al público de cierto tamaño) estarán obligados a rotular todos los carteles, letreros públicos y papelería (impresos, catálogos, contratos, presupuestos, facturas, cartas y todo tipo de comunicaciones) en euskera, así como a disponer obligatoriamente de personal capaz de atender al público en euskera de forma oral y por medios electrónicos (en un “euskera de calidad”, “ajustado a la norma lingüística establecida por la Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia”, como literalmente se indica).


Este decretazo lingüístico, elaborado por el Ejecutivo más radical e incendiario que ha tenido Euskadi desde el comienzo de la Transición política, es aberrante porque obliga a los ciudadanos vascos a utilizar un determinado idioma en sus comercios y negocios (un idioma que, tras décadas de imposiciones nacionalistas, apenas habla el 20% de la población), pero también porque supone una intolerable injerencia de la Administración en el ámbito privado de las personas, contrario a los más básicos principios de la libertad de empresa.

Este decreto afecta a más de 2.000 empresas, que juntas suponen más del 35% de la cuota de mercado y un 45% de la superficie total de ventas. Por otro lado, resulta absolutamente intolerable que esta norma, que si el actual Ejecutivo autónomo no lo impide entrará en vigor dentro de un mes y medio, prevea un importante régimen sancionador que instaura en Euskadi una práctica totalitaria y demencial, importada de Cataluña, caracterizada por las “multas lingüísticas”. De hecho, asociaciones independentistas y proetarras ya han anunciado públicamente su intención de presentar denuncias indiscriminadas contra todas las empresas que no cumplan escrupulosamente con las exigencias lingüísticas establecidas en este decreto.

En su momento, tanto el PSE como el PP se opusieron frontalmente a esta norma, la calificaron de “imposición” e incluso se reservaron la posibilidad de llevarla a los tribunales por entender que vulneraba la libertad individual de comerciantes y empresarios. Así que, ahora, deberán emplear el mismo celo en paralizarla. Gorka Maneiro, diligente parlamentario de UPyD, ya ha presentado una proposición no de Ley para la inmediata y urgente derogación del articulado.

Por su parte, Iñaki Oyarzábal, secretario general del PP vasco, recordaba ayer que su partido impulsó la pasada legislatura una iniciativa parlamentaria "calcada" a la de UPyD y que ésta, a pesar de que no prosperó, contó con el apoyo del PSE. Oyarzábal asegura que su partido se mostrará firme a la hora de exigir a Patxi López la derogación de ese decreto "antes de entrar en vigor" y recordó que el acuerdo de legislatura hace hincapié, sobre todo, en eliminar todas aquellas medidas que "puedan resultar discriminatorias en el ámbito lingüístico".

Leer íntegramente el Decreto 123/2008, de 1 de julio de 2008, sobre los “Derechos Lingüísticos de las personas consumidoras y usuarias”

El programa "Vaya Semanita", de EITB, se toma el asunto con humor


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