El presidente de la Audiencia de Guipúzcoa cree que la Ley de Enjuiciamiento Criminal cercena los derechos de las víctimas del terrorismo

En lo que respecta a la prescripción de los delitos de terrorismo


Euskadi Información Global. Raúl González Zorrilla. San Sebastián. En un excelente artículo que publica en el último número de la revista Eguzkilore, editada por el Instituto Vasco de Criminología, Ignacio José Subijana Zunzunegui, presidente de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa desde el pasado mes de junio, explica las razones por las que, en su opinión, la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal cercena los derechos de las víctimas en lo que hace referencia a la prescripción de los delitos de terrorismo.

En su trabajo, que pueden leer integramente aquí, Subijana comienza constatando que el terrorismo es una forma de criminalidad que genera una victimación especialmente severa. “Su designación como macrovictimación, formulada por el maestro Antonio Beristain, refleja, con suma nitidez, el indefinido número de víctimas directas e indirectas que su existencia provoca. No en vano, se trata, esencialmente, de actos gravemente criminales (…) cometidos por una organización que trata de crear un estado de terror en sectores significativos de la población con la finalidad de lograr sus objetivos ideológicos (políticos o religiosos, básicamente) a través del desistimiento cívico o el condicionamiento injustificado de las políticas diseñadas e implementadas por los poderes públicos.

En opinión del presidente de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, la justicia a las víctimas del terrorismo puede concebirse con un contenido mínimo, con un contenido medio y con un contenido máximo. “Existiendo fundamento probatorio para ello, el contenido mínimo se vincularía a la necesidad de que una autoridad institucional neutral (dotada, por lo tanto, de independencia e imparcialidad) declare públicamente el reproche por el hecho injusto y culpable cometido, individualice y reconozca las víctimas producidas, y obligue a la reparación del daño causado a las mismas. El contenido medio añadiría la exigencia de imposición de una pena. El contenido máximo exigiría, además, la efectiva ejecución de esa pena.”

Subijana explica que la prescripción de los delitos de terrorismo debe preservar, cuanto menos, el contenido mínimo, si quiere ser respetuoso con una exigencia indeclinable en un orden democrático: la debida justicia a las víctimas, que no admite el olvido injustificado del dolor injusto. “En la legislación española este mínimo axiológico puede alcanzarse con la regulación de la prescripción en el Código Penal y es, sin embargo, inasumible con el tratamiento conferido a la mentada institución por la Ley de Enjuiciamiento Criminal."

La debida justicia a las víctimas no admite el olvido injustificado del dolor injusto

El magistrado explica que puede debatirse la necesidad de imponer la pena (y ahí radicaría la razón justificativa de la imprescriptibilidad) pero añade que, cuanto menos, es preciso garantizar a las víctimas (del terrorismo) un pronunciamiento expreso sobre el injusto culpable del autor. De esta forma se cumplirían las exigencias mínimas de justicia en la medida que se obtendrían tres efectos:

* Una declaración pública de reproche por el injusto causado, afi rmando que el daño no viene motivado por el azar o por culpa de terceros o de la propia víctima, sino única y exclusivamente por un comportamiento antijurídico del victimario.”

* Una consignación expresa de las personas que han sufrido la victimación, lo que permite su constitución efectiva como víctimas así como su indeclinable individualización.

* Un pronunciamiento explícito de que el daño causado fue injusto y que, consecuentemente, las víctimas tienen derecho a ser reparadas por el victimario.

Solamente de este modo, la declaración del injusto culpable no seguida de pena (por prescripción) pudiera ser suficiente, en casos de transcurso de un largo período de tiempo desde la comisión del hecho, para satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia y el interés de la comunidad en conocer lo acontecido.

Sin embargo, explica Subijana, la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla la prescripción como una causa de no perseguibilidad, razón por la cual permite un cierre anticipado del proceso por prescripción. Esta regulación tendría sentido si el Código Penal contemplara la prescripción como una causa de exclusión de la responsabilidad criminal (es decir, como un supuesto en el que no es posible declarar la existencia de una responsabilidad penal) y no, como lo hace, como una causa de extinción de la responsabilidad penal (como un caso en el que se extingue la responsabilidad criminal declarada). "Por lo tanto, la ley procesal reconoce la prescripción como un obstáculo procedimental que impide una decisión judicial sobre el injusto culpable del autor. De esta manera cercena el derecho de las víctimas y el interés de la comunidad en obtener, si hay fundamento probatorio para ello, una declaración pública, emanada de la autoridad dotada de neutralidad institucional, de que los daños causados fueron injustos y culpablemente causados por una o varias personas y, consecuentemente, excluye un pronunciamiento de que los mismos deben ser reparados por quienes los provocaron.”

Artículo íntegro de Ignacio José Subijana, presidente de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa

Artículo complementario: ¿Quién tema a las víctimas del terrorismo en el País Vasco?


Documentación: Texto íntegro de la nueva Ley de Víctimas del Terrorismo

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