El Gobierno cumple lo prometido en sus contactos con ETA-Batasuna y posibilita que decenas de terroristas encarcelados sean puestos en libertad en los próximos meses

Euskadi Información Global. Redacción. Vitoria. Como venimos informando desde hace un año, la puesta en marcha de un proceso radical de puesta en libertad de presos etarras y el impulso de medidas de flexibilización penitenciaria, son algunos de los elementos claves que el Gobierno y la banda terrorista ETA han pactado en su más reciente negociación.  José Luis Rodríguez Zapatero, además, también ofreció al PNV esta cuestión cuando el pasado mes de septiermbre negoció con Iñigo Urkullu el apoyo de los nacionalistas a los Presupuestos Generales de 2011.
Así las cosas, durante los últimos meses decenas de reclusos etarras han sido puestos en libertad con el escándalo de sus víctimas, que ven cómo el criminal que asesinó a sus familiares se pasea impunemente por las calles del País Vasco. Ahora se confirma que el Tribunal Constitucional se encamina hacia la derogación de la "doctrina Parot", el mecanismo de cómputo de las penas que el Tribunal Supremo estableció en 2006 y que logró que los etarras condenados por varios crímenes por el antiguo Código Penal no pudiesen salir de la cárcel hasta haber completado la estancia máxima de 30 años que permite la ley. La decisión, que podría reflejarse en un torrente de sentencias en los próximos meses, significa, de hecho, la excarcelación de decenas de etarras.
Hasta el momento, la "doctrina Parot" ha afectado a 184 presos de ETA, evitado así que muchos de estos asesinos hayan podido salir a la calle, pero un cambio en la misma podría afectar a casi un centenar de etarras, que serían beneficiarios de su derogación.
Desde la asociación Voces contra el Terrorismo se señala que "las víctimas del terrorismo hemos confiado en el Estado de Derecho para que se haga justicia, con un comportamiento impecable, y no merecemos que esto acabe con una traición que permita que el sufrimiento y dolor padecido hayan sido en vano." 
El presidente de esta organización, Francisco José Alcaraz, explica que "exigimos la inmediata ruptura del proceso de negociación que el Gobierno nos oculta. Las víctimas del terrorismo y los españoles de bien no nos merecemos esta nueva traición. Reclamamos con firmeza de los partidos políticos y de los poderes públicos que se resuelva el conflicto de jurisdicción constitucional reformando la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, para delimitar de forma precisa sus competencias y establecer expresamente que dicho tribunal no puede ejercer competencias de jurisprudencia ordinaria,- como ya hizo para dar luz verde a Bildu en las elecciones municipales-, impidiendo a, a su vez, que el recurso de amparo se transforme en una nueva instancia que revise con carácter general las sentencias del Tribunal Supremo."

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