El Tribunal Supremo ordena a la Diputación de Guipúzcoa, en manos de los proetarras de Bildu, retirar la placa colocada en la entrada de su sede para expresar su rechazo a la obligatoriedad de que la bandera de España ondee en el palacio foral

Detalle de la placa que debe retirarse

EIG. Redacción. San Sebastián.
El Tribunal Supremo llama a la Diputación de Guipúzcoa a retirar la placa colocada en la entrada de su sede para expresar su rechazo a la Ley de Banderas y a la obligación de que la enseña de España ondee en el palacio foral. Los jueces consideran que la colocación de dicha placa comporta una “desvirtuación de la ejecución de la sentencia” que obligó a la institución foral, en el momento de los hechos gobernada por el PNV y Hamaikabat, a situar la marca española en el exterior del edificio.
Con esta decisión, el Tribunal Supremo acepta un recurso de casación interpuesto por la Abogacía del Estado contra un fallo emitido el 29 de abril de 2010 por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), desestimando un “incidente de ejecución de sentencia” presentado por la Administración del Estado contra la actuación del Gobierno foral. Consecuentemente, la Diputación, actualmente controlada por la coalición proetarra Bildu, deberá proceder a la retirada de la citada placa, colocada por el anterior ejecutivo el 27 de febrero del pasado año con un mensaje, en euskera y castellano, de rechazo a “la imposición de una bandera que no es la nuestra”.
En su sentencia, el Tribunal Supremo explica que el texto que contiene la placa “desvirtúa claramente la obligación impuesta por la sentencia”, ya que el fallo que obligaba a izar la bandera no era solo un “mandato material” sino también un “mandato simbólico de la permanencia del signo del Estado en la Diputación Foral”. Un objetivo que, en opinión de los jueces, no se cumple “desde el momento en que se declara de forma expresa que se está en su contra”.
Los seis magistrados, presididos por Ricardo Enríquez y con Celsa Pico como ponente, añaden, además, que “el derecho a la ejecución de sentencias” constituye una manifestación del “derecho a la tutela judicial efectiva”, ya que de lo contrario las decisiones judiciales y los derechos que en las mismas se reconozcan serían “meras declaraciones de intenciones”.

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