El decreto de reparación a las “víctimas policiales” elaborado por el Gobierno de Patxi López presenta múltiples deficiencias normativas y jurídicas que lo anularían de inmediato

Investigación. "Un decreto inválido"
Atentado de ETA en la calle Correo de Madrid. Año 1974

EIG. Redacción. Vitorria.
Expertos juristas consultados por Euskadi Información Global señalan que, en su borrador, el decreto de reparación a las “víctimas policiales” elaborado por el Gobierno vasco de Patxi López presenta tal cúmulo de deficiencias normativas y jurídicas que lo invalidarían de inmediato. De hecho, y según varios especialistas, el proyecto de decreto, entre otras irregularidades, otorga al Ejecutivo autónomo competencias que no le corresponden, viola la obligada prescripción de los delitos, establece una cláusula de “inculpación general” que es radicalmente nula y, además, cae en un error de “malversación” ya que, en este ámbito, cualquier derecho a reparación económica no corresponde al Ejecutivo autónomo sino al Estado.
Con respecto a la atribución por parte del Gobierno vasco de competencias que no le corresponden, el Decreto “invoca una competencia inexistente para declarar la condición de víctima y definir la denominada reparación integral”, tal y como el borrador señala en su Art. Nº 1. Con este fin, no se alega una determinada capacidad normativa, sino “la voluntad de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco (C.A.P.V.) de aplicar lo que entiende como solidaridad social y contribución a la convivencia”. Pero, explican los juristas consultados, “la mera voluntad de una Administración Pública, si no está basada en una concreta ley o en el Derecho normado, no otorga competencia. Menos aún vale para concederla el mero deseo de aplicar lo que entiende cada Administración como solidaridad social o contribución a la convivencia, pues el Estado de Derecho se basa en la soberanía de la Ley y en el sometimiento pleno de tales Administraciones a la Ley y al Derecho.”
Por otro lado, el pomposo “Decreto de declaración y reparación integral de las victimas de sufrimientos injustos como consecuencia de la vulneración de su derecho humanos producida en la comunidad autónoma vasca entre los años 1969 y 1978 en el contexto de la violencia de motivación política vivida” incurre en un vicio de nulidad, por extraterritorialidad, al incluir en el ámbito del borrador de decreto (Art. Nº 2) “las posibles violaciones producidas fuera del País Vasco si la persona afectada estuviera domiciliada en el en ese momento.”
En otro orden de cosas, la abogada bilbaína Begoña Angulo, que ha analizado el texto en profundidad, explica que las posibles violaciones de derechos cometidas cometidas entre el 1 de enero de 1969 y el 31 de diciembre de 1978 estarían, de una parte, penalmente prescritas, y de otra, el contexto de violencia de motivación política “les otorgaría la aplicación de las normas de la Ley de Amnistía 45/1977, de 15 de octubre. art. 3.”
Begoña Angulo señala también que el término “vulneración” en el contexto de violencia de motivación política de los arts. 3 y 4 del borrador de Decreto parece limitarse tan solo a “los que se hayan producido como consecuencia de acciones indebidas directas o indirectas, dolosas o culposas, por agentes de las fuerzas de seguridad, otros funcionarios públicos, tanto dentro como fuera del ejercicio de sus funciones, así como por colaboradores externos, que no formaban parte de la Administración”. Se establece así, matiza la jurista, “una cláusula general de inculpación global, incursa en una triple causa de nulidad radical: invade las competencias de la Jurisdicción Penal, única legalmente habilitada para definir tales actuaciones delictivas-art. 5-, y además pretende no solo contradecir las decisiones de la Autoridad Judicial, sino superarlas, al intentar-art. 6.2- que la Administración General de la C.A.P.V. pueda considerar como sufrimientos injustos los que, en su opinión, entienda acreditados, aunque en su momento no fueran considerados tales por el correspondiente procedimiento judicial cerrado por sobreseimiento ó sentencia absolutoria.”
Finalmente, Begoña Angulo también pone de manifiesto cómo el borrador de Decreto cae de lleno en un error de malversación, pues “el derecho a la reparación económica no le corresponde a la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, sino al Estado, como órgano legal y constitucionalmente competente para controlar las actuaciones de las Fuerzas de Seguridad del Estado y de sus funcionarios y para instruir, en su caso, procedimientos como los que el borrador refiere. Por ello, resultan contrarias a la ley las facultades que se atribuyen a la Comisión de Valoración en los arts. 18 a 22.”

“Decreto de declaración y reparación integral de las víctimas de sufrimientos injustos como consecuencia de la vulneración de su derecho humanos producida en la comunidad autónoma vasca entre los años 1969 y 1978 en el contexto de la violencia de motivación política vivida” (Documento íntegro)


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