La multiplicidad de las normativas autonómicas y las restricciones de los horarios comerciales podrían obligar a Ikea a desviar a China las 13 tiendas que tiene previsto abrir en España

El ocaso de las autonomías
Tienda de Ikea

El equipo directivo de la bilbaína Belén Frau, hasta hace unos meses directora de la tienda de Ikea en Bilbao y ahora primer responsable de la empresa sueca en la península Ibérica, lo tiene claro: la marca de muebles quiere duplicar su presencia en España antes de 2020 con la apertura de 13 tiendas, pero podría llevarse parte de estos proyectos de inversión a países emergentes como China o la India debido a los impedimentos administrativos que encuentra para desarrollarlos en periodos de tiempo "razonables".
¿Y cuál es el principal impedimento administrativo?. Según han revelado fuentes de la compañía, la pluralidad de legislaciones autónómicas a las que deben atender, lo que supone una complejización extraordinaria de cualquier proceso de apertura y que implica, en algunos casos, tener que obtener licencias y documentos por duplicado o triplicado. Otros frenos que Ikea, y empresas similares, padece en España: las restricciones en materia comercial que los gobiernos autonómicos ponen a las grandes superficies y las limitaciones existentes en los horarios comerciales.
De hecho, en Madrid, donde las tiendas de muebles pueden abrir todos los días, Ikea lleva cuatro meses abriendo los domingos, lo que le ha permitido descongestionar sus tiendas los sábados y ha elevado el nivel de satisfacción de sus clientes, según sus encuestas.
En Cataluña, la compañía ya ha localizado unos terrenos para ubicar una tienda en Tarragona. El objetivo es también abrir en Gerona, pero si las restricciones en materia comercial dificultan la apertura, Ikea se llevará el proyecto al sur de Francia, como ya ocurrió en su día con la tienda que quisieron abrir en San Sebastián. Lo que no puede ser, se señala desde la empresa sueca, es que "en China tardemos entre dos y tres años en abrir una tienda, mientras que en España el periodo mínimo son cinco años. Esto supone que hay proyectos que corren serio riesgo de que se pierdan por falta de garantías."

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