Mentiras y manipulaciones de la “vía Nanclares”: Lo que el Gobierno vasco calla

Jesús Loza
Raúl González Zorrilla
Jesús Loza, comisionado para la Convivencia del Gobierno vasco de Patxi López y responsable directo, junto con la Dirección de Víctimas del Terrorismo del Ejecutivo autónomo, del intento de situar a la etarra Carmen Guisasola como ponente en el congreso que, dentro de unos días, se celebrará en Bilbao para “reflexionar” sobre las consecuencias del terrorismo en Euskadi, es, fundamentalmente, un ideólogo manipulador a quien Patxi López ha dotado de un cargo institucional para que pueda conseguir más fácilmente sus objetivos: agilizar la puesta en libertad de los presos etarras.
El comisionado, que junto a Maixabel Lasa y Txema Urkijo, es uno de los principales gestores de la conocida como “vía Nanclares” para la reinserción de los presos de ETA, ha explicado ahora que su “trabajo” toma como modelo la vía político-jurídica que, a finales del pasado siglo, se aplicó en Italia para la recuperación de algunos condenados por crímenes terroristas y por delitos relacionados con la Mafia. Pero lo que hace Jesús Loza es, una vez más, falsear la verdad, ya que en las excarcelaciones de presos etarras derivadas de la “vía Nanclares” falta el elemento clave que es la esencia del modelo reinsertivo italiano: la exigencia de que los terroristas a quienes se va a beneficiar colaboren con la Justicia y las fuerzas de seguridad.

El proceso de recuperación social de varias decenas de miembros de las Brigadas Rojas que se llevó a cabo en Italia, conocido como “pentismo”, se construyó, tal y como explica Enzo Musco, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Roma, en la necesidad de que los presos asumieran “la propia responsabilidad por uno o más delitos, acompañado de la ayuda proporcionada a los investigadores para el conocimiento del mundo criminal al que pertenece.” Esta es la clave de los procesos de reinserción de presos etarras en Italia y, de hecho, las prácticas “pentistas” fueron avaladas por el Consejo de Europa el 20 de diciembre de 1996. Esta institución, en una recomendación centrada en la lucha contra la criminalidad organizada, invitaba a los Estados miembros “a solicitar las colaboraciones procesales en consideración a la particular eficacia poseída por las informaciones proporcionadas por los miembros de las organizaciones criminales, valorando la posibilidad de concederles beneficios y medidas de protección.”
La recomendación del Consejo de Europa explicaba, además, que deben considerarse colaboradores con la justicia tanto quienes “proporcionan informaciones útiles a las autoridades competentes con fines investigadores y con finalidad de adquirir pruebas pertinentes relativas a la composición o a la estructura o a las actividades de las organizaciones criminales, a las relaciones incluso internacionales con otros grupos criminales y a los delitos que estas organizaciones o grupos han cometido o podrían cometer como quienes proporcionan una efectiva y concreta ayuda a las autoridades competentes para contribuir a recuperar de las organizaciones criminales recursos ilícitos o provenientes de los delitos".
Los defensores de la reinserción de etarras a través de la denominada “vía Nanclares”, del Ministro del Interior al Lehendakari, pasando por Rodolfo Ares, Jesús Loza o la Dirección de Atención a las Víctimas del Gobierno vasco, callan en todo momento sobre la “delación” como pieza angular del modelo italiano que dicen imitar. Los escasos etarras acogidos a la “vía Nanclares” solamente han tenido que mostrar un indefinido, y generalmente vacuo, arrepentimiento, para alcanzar los beneficios asociados a la misma. El Gobierno vasco en general, y el Comisionado y la Dirección de Atención a las Víctimas en particular, se equivocan al despreciar, de un modo tan mostrenco como ignorante, la “delación” como algo nefasto porque “no se puede obligar a los terroristas a ser unos chivatos”. Colaborar con la justicia no tiene nada que ver con el mentecato concepto de “soplón” (tan utilizado, ¡ay!, por la banda terrorista ETA) y, además, Jesús Loza también miente cuando, una y otra vez, asegura que no existe esta figura en el ordenamiento jurídico español. De hecho, fue el Gobierno de Felipe González quien, en mayo de 1988, impulsó la modificación del Código Penal acentuando “el premio a la delación” a los efectos de “la extinción de la pena y la obtención de la libertad condicional”. Y el Código Penal español, actualizado en 2009, es taxativo en esta cuestión en su artículo 90.1.c: “Asimismo, en el caso de personas condenadas por delitos de terrorismo de la sección segunda del capítulo V del título XXII del libro II de este Código, o por delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales, se entenderá que hay pronóstico de reinserción social cuando el penado muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios de la actividad terrorista y además haya colaborado activamente con las autoridades, bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la banda armada, organización o grupo terrorista, bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas, para obtener pruebas o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado, lo que podrá acreditarse mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito, así como por los informes técnicos que acrediten que el preso está realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodean y su colaboración con las autoridades.”
¿Cuántos etarras sujetos a la denominada “vía Nanclares” han cumplido con esta exigencia?

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