El ayuntamiento de San Sebastián (Bildu) subvenciona una película laudatoria del jefe de ETA "Mikel Antza", máximo responsable de la organización terrorista entre 1993 y 2004, cuando los criminales cometieron 114 asesinatos

¿Cuánto tardará la Fiscalía en actuar?

Bildu Guipúzcoa

El Ayuntamiento de San Sebastián, en manos de Bildu, ha decidido subvencionar con 9.000 euros una película que ensalza la historia de cinco presos de ETA, entre ellos el dirigente de la banda terrorista Mikel Albisu, "Antza". Mikel Albizu Iriarte, "Mikel Antza", ha sido el dirigente etarra que más tiempo ha estado en la cúpula de la organización criminal, desde 1993 hasta su detención en Francia en 2004. Durante este tiempo, los terroristas, a las órdenes políticas del criminal que ahora protagonizará la película "Poemas de la cárcel" (título provisional), cometieron algunos de sus crímenes más horrendos y arrebataron la vida a un total de 114 personas.

Para subvencionar el film proetarra, el ayuntamiento de San Sebastián, liderado por su alcalde, Juan Karlos Izagirre, quiere poner en marcha un proceso burocrático de carácter extraordinario que permitiría la aprobación de la subvención.
Para justificar lo injustificable, el consistorio donostiarra explica en un escrito que la película "Poemas desde la cárcel" tiene la pretensión de "mostrar de una manera abierta y humana" la realidad social de los presos etarras, "una realidad que, a menudo, ha permanecido oculta".
Expertos consultados por Euskadi Información Global aseguran que esta iniciativa del Ayuntamiento Bildu de San Sebastián, así como la propia realización del film, podría suponer un grave quebrantamiento del artículo 578 del Código Penal, que señala como delito "el enaltecimiento o la justificación por cualquier medio de expresión pública o difusión de los delitos de terrorismo o de quienes hayan participado en su ejecución, o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares". 
Los mismos especialistas explican que a este delito, castigado con penas que oscilan entre los 12 y los 24 meses de prisión, podría añadirse, en el caso de la corporación donostiarra, la posible comisión de otro delito de prevaricación, que consiste en que una autoridad, juez u otro funcionario público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas de que dicha resolución es injusta. ¿Cuánto tardará la Fiscalía en actuar?



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