"Los nacionalistas no aspiran a un trato político igualitario y cohesionador sino a institucionalizar el privilegio"

Defender el Estado para garantizar la igualdad
Rosa Díez
Cuando Unión Progreso y Democracia aprobó en su primer Congreso una resolución política a favor del federalismo cooperativo como modelo de Estado, muy pocos medios de comunicación se hicieron eco del asunto. Ahora que parece estar de moda responder al órdago secesionista planteado en Cataluña hablando del federalismo, quiero reflexionar con ustedes sobre el origen de nuestra propuesta, sobre el qué y, sobre todo, sobre el para qué de la misma.
Empezaré por decirles algo obvio: pretender calmar al nacionalismo -secesionista o no- con propuestas de federalismo es una soberana tontería. Los nacionalistas no aspiran a un trato político igualitario y cohesionador sino a institucionalizar el privilegio. El federalismo pretende la igualdad; el nacionalismo exige la diferencia.
Por eso me parece muy conveniente contextualizar nuestra propuesta: para UPyD un modelo de amplia descentralización política, regulado y cerrado en la Constitución, no es una respuesta a las reivindicaciones nacionalistas sino una propuesta para acabar con el desbarajuste en que se ha convertido el Estado de las Autonomías. Hace mucho tiempo que venimos explicando que España se ha convertido en un estado inviable en lo político e insostenible en lo económico; hoy los números ya no los puede discutir nadie y un mero repaso de los Presupuestos Generales del Estado indica hasta qué punto la capacidad para actuar del Gobierno de la Nación es puramente residual.
Dicho eso, conviene no despistarse; porque a pesar de que lo que percibimos cada día es la durísima crisis económica y social, eso no es lo más grave de lo que ocurre en España. Sólo si resolvemos la crisis política podremos enfrentarnos con éxito a las otras crisis, desde el paro dramático hasta la deuda y/o la recesión de nuestra economía. Por eso insistimos en que el verdadero problema, el que lastra nuestra capacidad de recuperación, es un modelo de estado elefantiásico, inconexo, injusto, improductivo, que no responde a las necesidades de los ciudadanos y que, precisamente por eso, hemos de cambiar. Como aventuré hace más un año en este mismo foro, es la política, amigos.
Desde que nacimos -el pasado sábado se cumplieron cinco años- hemos venido proponiendo reformas estructurales que de haberse acometido hubieran evitado algunos de los más graves quebrantos que hoy sufre nuestro país. Por citar sólo uno de esos ejemplos me referiré a la politización de las Cajas de Ahorros. Nos hemos quedado solos en el Congreso de los Diputados, – desde hace cuatro años y en sucesivas ocasiones-, defendiendo la despolitización de los órganos de dirección de las Cajas de Ahorro como paso previo e imprescindible antes de abordar las reformas financieras del sector, que si no recuerdo mal van ya por siete. El Partido Socialista y el Partido Popular –tanto monta, monta tanto- siempre rechazaron con ferocidad nuestras propuestas. No sólo despreciaron nuestras advertencias, sino que mantuvieron el doble control político sobre ellas: el partidario y el autonómico. Ese doble chiringuito que se empeñaron en mantener nos ha costado ya tanto descrédito, tanta inestabilidad y tantos miles de millones de euros que en cualquier otro lugar del mundo quienes montaron ese fraude habrían sido alejados de la política y del ejercicio profesional de por vida.
Pero como España es diferente, aquí no pasa nada. Y lo único que puede pasar al respecto será gracias a que este partido político en cuyo nombre les hablo ha llevado a los tribunales a todos los responsables de la salida a Bolsa de Bankia, una de las estafas de mayor dimensión en el sector, aunque no la única. El hecho mismo de que haya tenido que ser UPyD quien acuse de apropiación indebida, estafa, ocultación de datos o maquinación para cambiar el precio de las cosas a los responsables de ese monumental tinglado; el hecho de que UPyD se persone con un abogado frente a treinta y tres imputados que llevan cada uno una media de dos; el hecho de que el FROB – o sea, el Estado- se haya limitado a personarse y se posicione de común acuerdo con los imputados oponiéndose a la intervención cautelar; el hecho de que el Fiscal sea el abogado defensor más activo que tienen los imputados; el hecho de que se hayan negado –todos, PP, PSOE e IU en la Asamblea de Madrid-, a abrir una Comisión de Investigación para depurar responsabilidades políticas… es suficientemente significativo: la respuesta a los males que aquejan a España es política porque el problema también es político.
Les decía al principio de esta intervención que defendemos la necesidad de abordar profundas reformas institucionales que requerirán de una reforma de la Constitución; y que hacemos esta propuesta no para contentar a los nacionalistas, sino para dar respuesta a los problemas de todos los ciudadanos. Los partidos políticos nacionales tenemos la obligación de pensar en España a la hora de hacer nuestras propuestas; pensar en España es pensar en el interés general, en lo que es de todos, en lo pre-político, en los ciudadanos. Ser un partido nacional y comportarse como tal conlleva actuar siempre en defensa de lo común, sacrificando si fuera preciso cualquier rédito electoral antes que renunciar a defender en toda España una misma posición política. Ser un partido nacional significa, por ejemplo, defender la supresión del Concierto también durante la campaña electoral en el País Vasco; y hacerlo no sólo frente a los postulados de los partidos nacionalistas, sino frente a los socialistas vascos, uno de cuyos dirigentes, Pastor, afirmó hace unos días que :”gracias al Concierto, los vascos no aportamos prácticamente nada al resto de España, no como los catalanes…”; requiere hacerlo también frente al Partido Popular: Maroto, alcalde de Vitoria, acaba de proclamar que :”no nos interesa la independencia porque ya tenemos un concierto económico que nos favorece…”. O sea, ser un partido nacional es comprender- y actuar al respecto- que el problema de España no son los partidos nacionalistas, sino los partidos nacionales que por asimilación y/o complejo se comportan como si fueran nacionalistas.
Ser un partido nacional significa para nosotros entender que lo que pasa en Cataluña tiene graves consecuencias para toda España, y también para la sociedad catalana. Pero significa también comprender que “grave” no es lo mismo que “excepcional”. O sea, que las cosas no se arreglan catalanizando el discurso, el partido o las decisiones políticas. La mejor manera de combatir a quienes exigen privilegios para compartir un proyecto común es aplicar la norma general, la que nos permite convivir al conjunto de los españoles. Un principio, por otra parte, elemental de cualquier sociedad democrática.
Habrá quien nos diga –asustados por lo que está ocurriendo en Cataluña, como antes lo estaban con lo que ocurría en el País Vasco, aunque allí la reivindicación del nacionalismo identitario estuviera teñida de sangre-, que España es una sociedad plural y que hay que reconocer esa diversidad para que el encaje sea permanente y fructífero para todos. Estoy completamente de acuerdo; hasta el extremo que la misma pluralidad que reconozco a la sociedad española y que debemos preservar porque nos hace más ricos y mejores, como todo mestizaje, es la que existe en cada uno de los territorios que componen España.
Un apunte antes de desarrollar nuestra propuesta constituyente. Estamos todos tan volcados en analizar las consecuencias (sobre todo económicas, qué pena) de la pulsión nacionalista en Cataluña que parece que hemos olvidado que en el País Vasco esa misma pulsión identitaria ha llevado instituciones a los testaferros de ETA. Esa misma pulsión y ochocientos cincuenta y dos muertos, miles de familias rotas, miles de ciudadanos que viven con miedo, miles de ciudadanos expulsados de su tierra. La mayoría social parece haberse acostumbrado a este paisaje en el que los cómplices de los asesinos nos cobran los impuestos, dan los pregones de las fiestas, ordenan nuestra vida educativa, sanitaria, social… La pedagogía antidemocrática ha calado tanto que una vez más los “provocadores” somos quienes no callamos; los “separadores” somos los que defendemos la memoria y la verdad, los que no nos resignamos a que se sientan vencedores quienes hicieron de la limpieza ideológica el instrumento para destruir la sociedad libre y plural. Distraídos como estamos en pedir que se aplique la ley para mantener la legalidad en Cataluña se nos olvida exigir que se aplique la ley para echar de las instituciones democráticas a los totalitarios que defienden la historia de terror protagonizada por ETA. Esta crisis nos ha hecho perder mucho más que dinero; el rearme moral frente al fanatismo, el impulso ético que nos sacó a la calle cuando frente a los totalitarios ha dado paso a la desidia frente al mal. Y eso si que es peligroso para una nación.
Refundar el estado, que es nuestra propuesta, requiere promover un proceso de reforma de la Constitución que habrá de acometerse disolviendo las Cámaras y abriendo un proceso constituyente. Una fórmula jurídica, prevista en nuestra Constitución, que tiene por objeto dar respuesta a un problema político que no es otro que definir un Estado fuerte, viable y sostenible, con la dimensión y el presupuesto necesario para dar soluciones a los problemas de los ciudadanos.
Asistí hace dos semanas a un seminario organizado conjuntamente por la Fundación Konrad Adenauer y la Fundación Giménez Abad a propósito de la reforma del Estado Autonómico y pude escuchar la soberbia conferencia impartida por el Profesor Alberto López Basaguren, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco y profesor asociado de la Facultad de Leyes de la Universidad de Cambridge. Él planteó que la inclusión de los nacionalistas en la reforma del Estado autonómico es, por encima de todo, un reto político. Y que el Derecho Constitucional, aunque no sea estrictamente su ámbito, ha de saber encontrar soluciones jurídicas a los problemas más significativos de la comunidad. Este es el caso.
Abordemos pues la reforma de la Constitución no para dar encaje a las reivindicaciones de los nacionalistas sino para resolver de forma satisfactoria los retos que nos plantea la sociedad española del siglo XXI, una sociedad muy diferente de aquella a la que se enfrentaron los constituyentes cuando elaboraron la Constitución de 1978. Abordemos esa reforma desde el reconocimiento de los indudables avances que se han producido en estos años de desarrollo democrático y autonómico; pero hagámoslo también desde el conocimiento de las disfunciones que ha generado el modelo abierto e indefinido del texto constitucional; un pacto que sirvió para progresar desde la dictadura a la democracia pero que hoy está agotado y convive mal con la integración de España en la Europa política que todos reivindicamos.
Aún a consta de contradecir a muchos de los que hoy defienden una reforma constitucional- ya sea para regular una mayor excepcionalidad de trato de algunas regiones o nacionalidades respecto del resto de España, ya sea para definir un modelo más centralista, ya sea para “caminar” hacia un modelo federal (me gustaría saber qué significa “caminar”), yo no creo que la España de las Autonomías haya fracasado sino que el modelo está agotado. Digo esto porque en España hemos pasado de proclamar el éxito rotundo del modelo autonómico –atribuyéndole, incluso, los méritos de haber construido la democracia-, a encontrar en él el origen de todos los problemas de nuestro país. Y tampoco es eso; el anquilosamiento no está en el diseño, sino en la cerrazón de las fuerzas políticas viejas, que se niegan a revisar un modelo que les ha dado muchos dividendos en forma de poder territorial.
Nadie puede negar que el sistema autonómico transformó España; y la diversidad, muy especialmente la lingüística y cultural en territorios con dos lenguas oficiales, encontró un camino de desarrollo desconocido hasta entonces. Pero mientras eso sucedía, el nacionalismo identitario, particularmente en Cataluña y el País Vasco, reclamaba una mayor cuota de singularidad. Dicho de otra manera: la alta descentralización política de España resultó incompatible con las ansias de singularidad de los partidos nacionalistas. Permítanme que les diga que estoy plenamente convencida de que si la autonomía en España no se hubiera desarrollado de la manera que lo ha hecho, los nacionalistas no clamarían por la autodeterminación, el derecho a decidir o cualquier otra mandanga. Lo que molesta a los partidos nacionalistas es que les tratemos como a iguales, que no les consideremos más que los demás; lo que no pueden soportar es que lo que llaman “el hecho diferencial”, sea cada vez menor. No es el huevo, es el fuero. No es el techo de autonomía o autogobierno: es la distancia con el otro lo que aviva sus instintos.
Carles Vives acuñó en 2003 la expresión “amplia autonomía de baja calidad”, refiriéndose a las conclusiones de un trabajo de Eliseo Aja que se analizaba el desarrollo autonómico cumplidos veinticinco años de los primeros Estatutos de Autonomía. Comparto sus denuncias sobre las disfuncionalidades del modelo autonómico; pero la “baja calidad” no está a mi juicio relacionada con el mayor o menor grado de autonomía para las CCAA, sino que es consecuencia de un modelo indefinido que provoca duplicidades, despilfarros, falta de transparencia, falta de control y falta de eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos. Es la democracia la que está aquejada de baja calidad, y no este modelo autonómico que, en todo caso, la facilita o la provoca. Una estructura autonómica parasitada por los partidos políticos que, como antes apunté, no quieren que nada cambie porque en los diecisiete chiringuitos está su verdadera estructura de poder.
Desde Unión Progreso y Democracia venimos denunciando que la peor crisis de España es la política, y que si no la resolvemos no podremos enfrentarnos satisfactoriamente a nuestra crisis económica ni daremos una solución correcta a los problemas de integración de la sociedad española. Y cuando digo “integración” y “sociedad española” no pienso en los sentimientos de los nacionalistas sino en los derechos de todos los ciudadanos, también de quienes viven en aquellas comunidades en las que los nacionalistas tienen una presencia y/o una responsabilidad institucional que utilizan para exacerbar sentimientos políticos identitarios, de difícil encaje en una sociedad moderna y democrática.
Por eso y para eso, para dar respuesta a los problemas del conjunto de los españoles, es por lo que venimos proponiendo desde hace cinco años la reforma de la Constitución. Esta cuestión, como tantas otras, era tabú cuando empezamos a hablar de ello; y cada vez que nos han dicho que era imposible hemos aprovechado para explicar que las leyes no son divinas y que revisarlas a la luz de sus consecuencias es lo normal en cualquier democracia del mundo que merezca ese calificativo. Si la mejor manera de defender la libertad de expresión es ejercerla, el mejor camino para normalizar la idea misma de reforma constitucional consiste en practicarla con la asiduidad que en cada caso se considere necesaria. Si se puede reformar la Constitución para garantizar que pagaremos la deuda, ¿cómo no se va a poder hacer para garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos básicos de los ciudadanos, la libertad y la igualdad?
La reforma de la Constitución no es un drama…, ni tampoco una fruslería. Somos conscientes de que requerirá un amplio consenso, como el que tuvo para elaborarla; y cada día que pasa sin que tomemos decisiones corre en contra del futuro de nuestros hijos. La pregunta no es pues si es posible; la pregunta es si es necesario. Y la respuesta es, rotundamente, SI.
Claro que para afrontar este reto es preciso que los partidos políticos muestren altura de miras y sean capaces de superar la lucha de trincheras de la política cotidiana para renovar el consenso constitucional, manteniendo claras las diferencias entre uno y otro ámbito. Si en España no se hubieran roto todos los consensos básicos, si no hubiéramos caído en nuestro viejo vicio cainita, habríamos aprovechado de otra manera el viejo diseño constituyente y podríamos haberle sacado mucho y mejor provecho. Si no se hubiera asumido, con fatalismo y de forma generalizada, que los partidos políticos españoles eran incapaces de afrontar concertadamente una reforma de la Constitución, no se hubiera llevado a término la reforma del Estatuto de Cataluña. El atajo estatutario –este y los que le siguieron- nos ha llevado a donde hoy estamos; ahora sólo queda actuar.
Un elemento a considerar cuando hablamos de integrar a los nacionalismos es que debemos contar con su falta de colaboración, incluso con su falta de lealtad durante el proceso. O sea, que hay decisiones que hemos de tomar… a pesar de ellos. La integración de la pluralidad de expresiones políticas, entre ellas la nacionalista, es un reto propio del sistema político y democrático. Y en el caso de España se trata de una batalla crucial, que hemos de dar –y ganar- para todos, incluso en beneficio de los derechos cívicos de quienes en nombre de su religión nacionalista se opondrán a ello.
Un apunte más: si se trata de integrar a los nacionalismos hemos de tener claro que hemos de hacerlo política y no sentimentalmente. Es la sociedad política y democrática la que estamos construyendo; y la política no está para proteger los sentimientos de nadie sino los derechos de todos. Conviene que no nos equivoquemos: el nacionalismo es insaciable, y la estabilidad democrática nunca podrá depender de su voluntad; por eso la estabilidad democrática exige integrar no tanto a los nacionalismos como a las sociedades que tienen una fuerte conciencia nacional diferenciada.
Reformemos la Constitución atendiendo a la realidad política de la sociedad española y no a la forma en la que los nacionalistas expresan sus demandas. Los nacionalistas se integrarán, con más o menos satisfacción, dependiendo de las circunstancias. Pero esa integración será siempre temporal, por lo que nunca deberá condicionar nuestras decisiones. Si tenemos éxito con nuestras reformas, la mayoría de la sociedad se mostrará satisfecha, incluidos los que estaban dispuestos a seguir a los nacionalistas en su estrategia rupturista hacia la tierra prometida. Si tenemos éxito, a los nacionalistas no les quedará otro remedio que adaptarse o se quedarán en minoría.
Nuestra propuesta de reforma constitucional es consecuencia de nuestro férreo compromiso con la defensa de los valores y principios básicos que en ella están consagrados. Pretendemos mejorar la calidad de nuestra democracia, por eso algunas materias de reforma constitucional, como el Tribunal Constitucional, el Fiscal General del Estado o el Sistema Electoral merecen capítulo aparte y no han formado parte de esta conferencia, en la que hemos únicamente abordado la reforma del modelo territorial del Estado
Proponemos reformar la Constitución para cerrar la distribución de competencias entre Estado y las Comunidades Autónomas y los entes locales, de manera que el Estado asuma una serie de competencias exclusivas e intransferibles en materias claves para el interés general de todos los españoles, garantizando su derecho a la igualdad, a la cohesión social y a la libertad. Es oportuno recordar que en el informe emitido por el Consejo de Estado en 2006 ya se puso de manifiesto que el principio dispositivo que mantiene la constante apertura del sistema de distribución de competencias puede dañar el principio de igualdad y el interés general, y que era recomendable el cierre del sistema y la inclusión en la Constitución de unas verdaderas competencias exclusivas del Estado.
Sin ánimo de ser exhaustivos, proponemos modificar el artículo 150.2 excluyendo de las materias consideradas como delegables o transferibles, en principio y como mínimo, las siguientes: representación internacional, defensa, justicia, educación, sanidad, medio ambiente, protección civil, recursos naturales, urbanismo y gestión del territorio. Además proponemos que se establezca una mayoría más cualificada para la aprobación de los Estatutos de Autonomía. También creemos que dentro de ese diseño federal del estado ha de suprimirse la disposición adicional primera que consagra los derechos históricos de los territorios forales, por ser contrarios al valor superior de la igualdad que rige la Constitución y por consolidar una situación inaceptable de privilegio de unos españoles sobre otros.
En suma, proponemos que se afronte la reforma asumiendo expresamente que el terreno de nuestro sistema autonómico es el de los sistemas federales. Y dado que hemos sufrido las consecuencias de dejarlo todo abierto, al albur de las distintas mayorías y de la coyuntura política, defendemos que el nuevo texto constitucional plasme de forma concreta el ámbito y la distribución de las diversas competencias.
En nuestro partido creemos profundamente en las virtudes democráticas del federalismo integrador, que incluye la diversidad en el seno de los sistemas políticos, porque un sistema político que garantice la unidad e incluya la diversidad es el mejor espacio para el desarrollo de las libertades democráticas.
Esta es la propuesta de Unión Progreso y Democracia para Refundar el Estado a través de un proceso constituyente. Esto es lo que necesita España; y no me pregunten si es difícil, porque la respuesta es obvia: lo es. Pregúntense si es necesario. Y si la respuesta que se dan a ustedes mismos es afirmativa, déjenme que yo les pregunte: ¿a qué esperamos?

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