Expertos juristas y víctimas se unen para pedir la inclusión del delito de terrorismo entre los crímenes previstos en el Estatuto de la Corte Penal Internacional


EIG. Redacción. Bilbao.  Con el apoyo del Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (COVITE), los profesores Valentín Bou Franch y Carlos Fernández de Casadevante Romaní han elaborado un completo trabajo en el que se diseña el camino a seguir para hacer posible que el delito de terrorismo entre a formar parte de los crímenes internacionales previstos en el Estatuto de la Corte Penal Internacional.

En su extensa y excelentemente planteada propuesta, los autores, entre otras cuestiones, demandan que se introduzca el siguiente artículo 8A en el Estatuto de la Corte Penal Internacional: “1) La Corte tendrá competencia respecto de los crímenes de terrorismo, en particular cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes. 2) A los efectos del presente Estatuto, se entiende por «crímenes de terrorismo» cualquiera de los actos siguientes cuando se cometan con la intención de causar la muerte o lesiones corporales graves o de tomar rehenes con el propósito de provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en determinada persona, intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de realizarlo: a) Atentados contra la vida de una persona que puedan tener resultado de muerte; b) atentados graves contra la integridad física de una persona; c) secuestro o toma de rehenes; d) destrucciones masivas en instalaciones gubernamentales o públicas, sistemas de transporte, infraestructuras, incluidos los sistemas informáticos, plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, lugares públicos o propiedades privadas, que puedan poner en peligro vidas humanas o producir un gran perjuicio económico; e) apoderamiento ilícito de aeronaves y de buques o de otros medios de transporte colectivo o de mercancías; fabricación, tenencia, adquisición, transporte, suministro o utilización de armas de fuego, explosivos, armas nucleares, biológicas y químicas e investigación y desarrollo de armas biológicas y químicas; f) liberación de sustancias peligrosas, o provocación de incendios, inundaciones o explosiones cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas; g) perturbación o interrupción del suministro de agua, electricidad u otro recurso natural fundamental cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas.

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