Las víctimas vascas del terrorismo exigen al Gobierno que no blanqueé los crímenes de los 30 etarras que se han registrado en el Consulado de Bayona (Francia)

Envían una carta al Ministro del Interior para que aclare si ha promovido la regularización de huidos de ETA

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco, COVITE, pide al Gobierno central que cumpla con su deber e investigue los delitos terroristas en los que están implicados los treinta etarras que se han registrado en el consulado de Bayona (Francia) en las últimas semanas. COVITE hará esta petición en una misiva dirigida al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, a quien también instará a aclarar si su departamento ha promovido de alguna manera la decisión tomada por la treintena de criminales.

En los últimos días se ha filtrado a la prensa que el Consulado de España en Bayona ha recibido a 30 miembros de la banda que buscan regularizar su situación legal después de que se pretenda que los crímenes en los que han participado hayan prescrito. Se ha insistido además en que los terroristas que se han registrado en la localidad francesa no tienen causas pendientes con la justicia.
COVITE recuerda que todos y cada uno de esos 30 miembros de ETA son responsables por su participación en el plan común de persecución sistemática de la banda contra miles de seres humanos, muchos de ellos expulsados de la comunidad vasca, así como en la comisión de asesinatos selectivos de lesa humanidad perpetrados contra un grupo de población civil.
COVITE advierte del peligro que conlleva restar importancia al perfil de los terroristas que se han registrado en Bayona enfatizando que son meros colaboradores de ETA. Tal planteamiento sólo maquilla la realidad, pues se trata de coautores e instigadores directos de esa persecución contra un grupo de población civil. Que esas personas no tengan causas pendientes únicamente evidencia que sus delitos han quedado impunes; en parte por los errores cometidos durante décadas por el Estado de derecho en las investigaciones de los casos sin resolver, cifrados en más de 300.
Los familiares de los damnificados por ETA cuyos casos no han sido resueltos tienen derecho a conocer lo que sucedió, independientemente del tiempo transcurrido desde el atentado. Y el Estado tiene la obligación de investigar todos los casos de asesinato, pues el derecho a la verdad no prescribe. Durante años, estas familias no han tenido acceso a información alguna sobre el estado de las investigaciones de sus casos sin resolver. El hecho de que 30 etarras se hayan registrado en Bayona debe ser una oportunidad para que los poderes públicos les coloquen de forma visible en la historia de ETA. Cualquier otra actuación desvirtuaría la memoria de los damnificados por violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos.

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