Las víctimas advierten al Gobierno de que colocar a la ciudadanía vasca en “la vanguardia” en materia de “principios éticos” es obviar las posturas antidemocráticas de amplios sectores sociales que defienden que ETA mató de forma legítima

Documento  Aportaciones de las víctimas vascas del terrorismo al Plan de Paz del Gobierno de Íñigo Urkullu

EIG. Redacción. Vitoria. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (Covite) ha trasladado hoy al Gobierno de Vitoria una batería de nueve iniciativas para su inclusión en el Plan de Paz. Covite, entre otros requerimientos, ha pedido al Ejecutivo que inste a todas las marcas de la autodenominada "izquierda abertzale" a asumir un compromiso social por la convivencia y los derechos humanos a través de un programa de formación en derechos humanos y bases éticas.
Esa ha sido una de las peticiones que la presidenta del Colectivo, Consuelo Ordóñez, y el directivo de Covite Antonio Recio han trasladado al asesor de la Secretaría de Paz y Convivencia Txema Urkijo. En el encuentro, propuesto por la propia Secretaría, Covite ha desgranado un documento en el que el Colectivo vasco de damnificados ha recogido sus aportaciones al Plan de Paz presentado por el Gobierno del lehendakari Iñigo Urkullu.
El documento presentado por Covite insta al Ejecutivo a sustituir el apartado que hace referencia a la necesidad de potenciar el “Compromiso Social de la Ertzaintza por la Convivencia y los Derechos Humanos” por otro que realmente ponga en su punto de mira al único sector de la sociedad vasca que defiende el trayecto violento y antidemocrático de ETA, único actor violento que ha ejercido la violencia de forma sistemática durante 50 años.
Covite ha trasladado al Gobierno vasco que es imprescindible que el Plan de Paz realice un diagnóstico de la situación que no sea errático e impreciso. Así, el Colectivo ha señalado que el Plan defiende que la ciudadanía vasca es “mayor de edad” en materia de “principios éticos” y que “el uso de la violencia, el terrorismo o el recurso a cualquier vulneración de derechos humanos están social y políticamente desautorizados de modo inapelable”. El Colectivo discrepa y advierte al Ejecutivo de que colocar a la ciudadanía vasca en “la vanguardia” en materia de “principios éticos, cívicos o democráticos”, como defiende el Plan, es hacer oídos sordos a la postura antidemocrática de un amplio sector social que defiende que ETA mató de forma legítima.
Ordóñez y Recio también han mostrado su extrañeza al constatar que el Plan de Paz huye de la investigación y esclarecimiento de los crímenes más graves que se han cometido en suelo vasco desde 1960; los de los distintos grupos terroristas, los perpetrados por ETA (más de 400 sin esclarecer), GAL, Triple A o Batallón Vasco Español. Del mismo modo, han trasladado a Urkijo que es imposible construir un relato veraz sobre las vulneraciones de derechos humanos en Euskadi sin conocer qué pasó en más del 40% de los crímenes cometidos por el mayor agente violento que ha conocido el País Vasco.
Entre las aportaciones de Covite al Plan, destacan la necesidad de contextualizar las vulneraciones de derechos humanos sin ocultar que la característica diferencial de Euskadi es ETA; la petición de incluir a los exiliados por ETA en el Informe de vulneraciones de Derechos Humanos; que el Gobierno vasco investigue y documente todos los casos de tortura perpetrados por organizaciones terroristas; que ertzainas, guardias civiles y policías víctimas del terrorismo entren a formar parte del plan de educación “Víctimas educadoras”; y que el Gobierno vasco no traslade la idea falsaria de la existencia de presos políticos.

Documento. Aportaciones del Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (COVITE) al Plan de Paz del Gobierno de Íñigo Urkullu

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