La juez Alaya extiende al País Vasco la investigación sobre el dinero que UGT cobró del fondo de los ERE de la Junta de Andalucía

La juez Mercedes Alaya
La juez Mercedes Alaya sigue investigando el uso que los sindicatos UGT y Comisiones Obreras dieron al dinero que cobraron del fondo de los ERE de la Junta de Andalucía. Ahora, y en un auto fechado el pasado 17 de enero, Alaya solicita toda la información necesaria para indagar en los movimientos bancarios de los sindicatos y se fija especialmente en el flujo de dinero que mantuvieron algunas federaciones sectoriales con las federaciones regionales y estatales de UGT y CC OO. Pero lo más importante del último paso dado por la jueza andaluza es que pide también toda la información sobre las cuentas de CC.OO. y UGT en el País Vasco.

Alaya explica en su auto que la investigación ha puesto de manifiesto un entramado empresarial, “organizado y dirigido” por Juan Lanzas, el sindicalista de UGT considerado uno de los cerebros del fraude que se investiga. A través de esta red de compañías, siempre según las explicaciones de la juez, fluía el dinero procedente de la Junta y de las empresas que resultaban beneficiarias de las subvenciones que Lanzas conseguía.
Alaya sostiene que los sindicatos formaban también parte de esta trama al cobrar “sobrecomisiones” de las empresas mediadoras de los ERE, pagos que CC.OO. y UGT justifican en la prestación de servicios relacionados con la tramitación de los despidos colectivos. La juez, sin embargo, sospecha de esos pagos, que una veces se ingresaban directamente a través de las federaciones de CC.OO. y UGT y otras de empresas vinculadas a ellos, como Atlantis Asesores para CC.OO. y ASP-Asesoramiento Seguros, ITG y Temiqui S.A. para UGT.
Según ha publicado “La Tribuna del País Vasco” sería esta empresa Temiqui la que, entre otras, podría estar en el punto de mira de la juez Alaya. Temiqui, que tiene su sede en la segunda planta del número 25 de la Avenida de América de Madrid, que es donde la UGT confederal tiene también su base, con Cándido Méndez al frente, tiene sus órganos directivos formados por destacadas personalidades del sindicato, entre las que se encuentra, como consejero, Eduardo Markina Nagore, uno de los más importantes dirigentes de UGT en el País Vasco, presidente del X Congreso de esta formación y que también formó parte del grupo municipal de los socialistas vascos en Ermua. La novedad, en el caso de Temiqui S.A. es que se trata de una empresa que no se controla desde la UGT de Andalucía sino desde la cúpula estatal del sindicato.
Temiqui S.A., como decimos, es una de las empresas de la compleja trama de sociedades mercantiles que utiliza la Unión General de Trabajadores para tareas que no puede realizar directamente el sindicato por no tener ánimo de lucro. Según informó en su momento la Guardia Civil a través de un extenso informe, Temiqui S.A., dedicada a la asesoría de empresas e instituciones, cobró 600.000 euros en comisiones por gestionar ERE andaluces. Pero, además, según informó en su momento el diario ABC, el punto de mira no está puesto en Temiqui únicamente por haber cobrado comisiones de los ERE fraudulentos sino porque la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que para cobrar las comisiones irregulares emitieron facturas falsas. Según el periódico madrileño, este sería el caso de los 69.600 euros que esta sociedad instrumental de UGT giró a la aseguradora Uniter el 5 de febrero de 2008. El concepto de la factura dice “asesoramiento jurídico y económico a los trabajadores de los ERE” de la Faja Pirítica de Huelva. La UCO deduce que se trata de "facturas falsas" para camuflar pagos de Uniter para costear manifestaciones y asambleas sindicales contra el cierre de empresas.
Según ha ido revelando ABC Andalucía durante los últimos meses, esta práctica de facturas falsas para enmascarar "mordidas" a los sindicatos es una de las grandes claves del caso de los ERE fraudulentos. De hecho, otro informe de la Guardia Civil revela que Uniter transfería fondos de los ERE a Temiqui para pagar sueldos encubiertos de liberados sindicales. El dueño de Uniter, José González Mata, imputado en el sumario de los ERE, salió de prisión el pasado agosto tras avalar una fianza de 450.000 euros.
Entre los detenidos el pasado 8 de octubre en la operación Heracles está Salvador Mera Crespo, el líder de UGT Cádiz. Precisamente, Mera fue consejero de Temiqui entre marzo de 2006 y octubre de 2011. El sindicalista andaluz fue dado de baja en la sociedad controlada por la Federación estatal en pleno escándalo de los ERE. Mera fue quien negoció con Uniter el pago de 180.000 euros a UGT por sus gestiones en el ERE de la industria minera de Huelva.

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