Las víctimas vascas del terrorismo llevan a la cúpula de ETA-Batasuna ante la Corte Penal Internacional (Denuncia íntegra)

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, ha presentado un extenso informe jurídico ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya en el que se fundamenta la necesidad de que el alto tribunal inicie una investigación que lleve a altos responsables de ETA y de la izquierda abertzale a ser juzgados por crímenes de lesa humanidad.
La Unidad de Información y Evidencias (IEU) de la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional ha sido la encargada de recibir a una delegación de Covite integrada por la presidenta de la asociación, Consuelo Ordóñez; Josu Puelles, hermano del policía nacional Eduardo Puelles, asesinado por ETA en 2009; y José Joaquín Martínez y Toñi Santiago, padres de Silvia Martínez, asesinada por ETA en 2002 cuando apenas tenía seis años.

El informe jurídico que el Colectivo ha entregado al Fiscal de la CPI detalla que la documentación aportada evidencia que se han cometido graves crímenes de trascendencia internacional recogidos en el artículo 5 del Estatuto de Roma, por lo que se pide a la Fiscalía que conforme a los artículos 13 c y 15.1 inicie de oficio una investigación.
España, como Estado Parte, publicó en 2002 el "Instrumento de ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional’ (Boletín Oficial del Estado nº 126) y estableció su competencia a partir del 1 de julio de 2002. Por ello, la documentación aportada por Covite denuncia crímenes de lesa humanidad perpetrados a partir de julio de 2002. La asociación hace especial hincapié en la necesidad de investigar a los más altos responsables de ETA por crímenes de lesa humanidad, puesto que las investigaciones y condenas se han limitado a la búsqueda de autores materiales de determinados atentados, como si de hechos aislados se tratara, lo que denota una falsa disposición forma.
En el informe el Colectivo argumenta que ETA ha utilizado una estrategia de “desdoblamiento orgánico estructural”, tal y como se señala en la Sentencia que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo emitió en 2009.
En este sentido, la asociación presenta una lista de “altos responsables” que deben ser enjuiciados por crímenes contra la humanidad. Entre otros, en ella aparecen José Antonio Urriticoechea Bengoechea, alias “Josu Ternera”; Arnaldo Otegi Mondragón; Joseba Permach Martín; y Joxe Pernando Barrena Arza.
El Colectivo, en virtud del artículo 7 del Estatuto de Roma, señala que los crímenes de lesa humanidad que deben ser enjuiciados son los siguientes: 292 asesinatos selectivos (entre asesinatos consumados y en grado de tentativa), la persecución de al menos 40.000 personas pertenecientes a un grupo o colectividad social con identidad propia fundada en motivos políticos o nacionales (Ararteko, 2009), y el traslado forzoso de alrededor de un 10% de la población vasca.
Tanto el Gobierno de Euskadi, como tribunales y altas instituciones (Comisario Europeo de DDHH), han calificado los crímenes de ETA como delitos de persecución y de traslado forzoso por motivos políticos y discriminatorios, empleando métodos violentos de coacción y amenazas, que afectaron masivamente a la población, y fueron cometidos por ETA-Batasuna (y otros grupos de la Izquierda Abertzale pertenecientes a ETA); es decir, delitos enmarcados en crímenes imprescriptibles de lesa humanidad.


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