El Gobierno central recurre por fin la reforma del decreto vasco de ayudas a víctimas policiales

El Gobierno central ha recurrido ante los tribunales la reforma del decreto que regula el reconocimiento y reparación a las víctimas de abusos policiales aprobada el pasado mes de octubre por el Gabinete de Íñigo Urkullu, según informa la agencia “Vasco Press”. El recurso sostiene que los cambios introducidos vulneran la Ley de Memoria Histórica.
El Gobierno de Patxi López aprobó en junio de 2012 un decreto para reconocer a las personas que sufrieron graves vulneraciones de derechos humanos a manos de agentes de policía y funcionarios públicos entre 1960 y 1978, y el Gobierno de Urkullu procedió el 16 de octubre de 2013 a reformarlo atendiendo a las demandas de la Comisión de Valoración.
Este órgano, que tiene la función de analizar y resolver las solicitudes de reconocimiento y reparación de las víctimas policiales, sostenía que la aplicación de la literalidad de determinados preceptos del decreto original dificultaba “una restitución efectiva del derecho de estas víctimas cuando es dicha restitución la finalidad primordial de la norma”.
El Gobierno del PNV tuvo en cuenta esta reflexión e introdujo una serie de cambios en el texto legal con el fin declarado de poner en manos de la Comisión de Valoración instrumentos jurídicos para aplicar el decreto de una forma “más acorde” con la doctrina y jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Ahora estas modificaciones están en el aire. La Abogacía del Estado ha interpuesto un recurso contra la reforma ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco al entender que vulnera la Ley de Memoria Histórica, norma de 2007 que reconoce derechos y establece medidas a favor de quienes que padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, y la legislación básica de la Seguridad Social.
El Gobierno Vasco recibió hace varias semanas la notificación del recurso y presentó el pasado miércoles sus alegaciones ante el TSJPV.
La reforma del decreto consta de diez artículos que modifican otras tantas disposiciones del texto original del Gobierno del PSE que reconoce y repara económicamente a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos perpetradas por funcionarios policiales, o en su caso a sus familiares, cuando causaron la muerte o lesiones de carácter grave y permanente.
El cambio más relevante hace referencia precisamente a la consideración de estas lesiones permanentes y graves.
El texto original las define como las que ocasionan “gran invalidez, incapacidad permanente en sus diferentes grados o lesiones permanentes no invalidantes” y establece su graduación aplicando las disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social. La reforma habla en cambio de aquellas que ocasionen “algún tipo de menoscabo funcional físico o psíquico o incapacidad de carácter permanente”.
Además, y a la hora de diferenciar grados, plantea tomar en consideración “los criterios utilizados en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la legislación laboral y otras que pudieran ser usadas en el Derecho de Daños”.
Otras novedades son la referencia al Derecho Internacional de los Derechos Humanos a la hora de motivar el informe de reconocimiento y la propuesta de compensación económica.

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