Los grupos disidentes de ETA que apoyan la violencia aumentan la captación de nuevos miembros

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Los grupos Iraultzaileen Bilguneak (IBIL), constituidos como facción disidente de la organización terrorista ETA que apuesta por el retorno a la violencia, han incrementado "durante los últimos meses" su actividad de formación y captación de nuevos miembros, según se recoge en la Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente a 2013.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional sostiene, a partir de los informes remitidos por la Comisaria General de Información de la Policía y el Servicio de Información de la Guardia Civil, que estos grupos son "contrarios a la actual estrategia de ETA" y "no renuncian a la utilización de todo tipo de lucha, incluida la armada". A pesar de ello, la conclusión de los expertos antiterroristas es que no existe "ningún indicador" que apunte a un "retorno" de ETA a su actividad criminal aunque tampoco se puede vislumbrar "una pronta disolución" de sus estructuras.

Así, la banda tiene la intención de "perpetuarse como un agente político más" que participe en el denominado "proceso de liberación" del pueblo vasco para que éste "se desarrolle según sus intereses", aunque se manifiesta "impaciente" ante los "escasos progresos" que ha obtenido desde su anuncio de cese definitivo de la actividad armada, que se produjo el 20 de octubre de 2011.
En sus comunicados, la banda mantiene "la petición de mantener contactos" y "entablar un proceso de negociación" con los Gobiernos español y francés a pesar de la "ausencia de una respuesta positiva" por parte de éstos, y mantiene como "objetivo estratégico" la consecución de la independencia y el socialismo. Esta situación se combina con "la ausencia de actitudes de arrepentimiento o de petición de perdón a las víctimas".
Sin renunciar a lo que considera su "capital histórico", es decir, su "actividad a lo largo de una trayectoria de más de cincuenta años", la banda continúa el proceso de reducción de su estructura militar al tiempo que potencia su actividad política y de comunicación y mantiene otras estructuras como la de falsificación, que continúa siendo "muy eficaz cualitativa y cuantitativamente".
En este contexto, la Fiscalía señala que ETA ha intentado mantener "plenamente operativa" su capacidad de amenaza pero adaptando su estructura al "nuevo escenario", mediante la deslocalización de parte de sus estructuras clandestinas hacia otros países europeos y su reestructuración interna mediante la reducción y/o unificación de las subestructuras de sus distintos aparatos.
En 2013, a pesar de la ausencia de atentados terroristas, fueron detenidas 59 personas vinculadas a la banda, nueve más que el año anterior. De ellos, 41 fueron arrestados en España y 18 en el exterior (14 en Francia, uno en Bélgica, uno en el Reino Unido y otro en Italia). Además, se contabilizaron diez acciones de terrorismo callejero, la mitad que en 2012 y casi un cuarto de las registradas en 2011.
En relación con el "acto simbólico" de entrega de armas y sellado de zulos que ETA realizó ante miembros del denominado Grupo Internacional de Contacto (GIC) o la Comisión Internacional de Verificación (CIV), la Fiscalía no duda en calificarlo de "singular y esperpéntico episodio que refleja claramente la inoperancia y la inutilidad de los llamados verificadores internacionales". "La llamada entrega y sellado de armas no era más que una maniobra publicitaria de la organización terrorista", asegura el departamento dirigido por Javier Zaragoza.
En este punto, la Fiscalía cree que los siguientes pasos que dará el entramado etarra irán encaminados a conseguir "mejoras parciales en la situación penitenciaria de sus presos" con el objetivo último de lograr su libertad. Así, la banda trabajará por acabar con la "política de dispersión" y lograr el acercamiento de los etarras a cárceles próximas al País Vasco y Navarra y la liberación de los presos que se encuentran "gravemente enfermos".
En relación a los militantes de ETA radicados fuera de España, los denominados "huidos", integrados en el denominado Colectivo de Refugiados y Deportados (EIPK), el Ministerio Público no descarta la convocatoria de algún tipo de "acto propagandístico" dirigido a aumentar la presión sobre los Gobiernos español y francés. A finales de 2013, alrededor de 125 miembros de ETA habían realizado trámites administrativos para regular su situación, la gran mayoría en Francia, aunque también en Bélgica, Cabo Verde, Cuba y Reino Unido.




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