Tres de las siete empresas investigadas por Competencia por “repartirse el mercado” de los comedores escolares en el País Vasco pertenecen al Grupo Mondragón

La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) ha puesto en marcha un procedimiento sancionador para analizar prácticas sospechosas de las siete empresas que han prestado en la última década el servicio de comedores escolares públicos de Euskadi. Casi la mitad de las firmas inspeccionadas para determinar si éstas habían acordado entre ellas un pacto de "reparto de mercado" y de "fijación de precios" pertenecen al Grupo Mondragón. Se trata, concretamente, de las firmas Auzo Lagun, Cocina Central Goñi y Cocina Central Magui, que solamente en el ejercicio correspondiente a 2013 obtuvieron la concesión de servicios de comedores escolares por valor de más de 40 millones de euros. Las otras tres empresas implicadas son Gastronomía Baska, Tamar Las Arenas, Eurest Colectividades y Gastronomía Cantábrica.

Según ha explicado en un comunicado la Autoridad Vasca de la Competencia, "existe constancia de que, al menos desde el año 2003 hasta el año 2014, cada una de las empresas investigadas viene realizando la prestación del servicio en al menos uno de los lotes abiertos por la Administración vasca” para otorgar la concesión.
Tras recibir una denuncia de una empresa del sector, y después de llevar a cabo una investigación preliminar, la Dirección de Investigación de la AVC ha considerado que existen serios indicios de la existencia de posibles prácticas anticompetitivas en el mercado de prestación de estos servicios y ha decidido investigarlos formalmente en este procedimiento. Según fuentes consultadas por La Tribuna del País Vasco, solamente las cooperativas del Grupo Mondragón implicadas en este caso habrían recibido concesiones por un valor superior a los 400 millones de euros en la última década.
De los hechos analizados podría deducirse la existencia de un mecanismo de presentación de ofertas acordado previamente entre las empresas para repartirse el mercado. Este presunto acuerdo propiciaría por tanto mejores condiciones para las empresas objeto de la denuncia y aumentaría el coste del servicio de comedor para la Administración Vasca y para los usuarios últimos de este servicio.
La incoación de un expediente, en cualquier caso, no prejuzga el resultado final de la investigación, manteniéndose el período máximo de 18 meses desde la fecha de la incoación inicial para la instrucción y resolución de este expediente por la AVC, sin perjuicio de las suspensiones de plazo que se puedan producir durante la tramitación del expediente.

1 comentario:

  1. ¡No puede ser! Esas actitudes mafiosas es cosa de españolazos (entiéndase el sarcasmo).

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