El Diputado General de Gipuzkoa, Markel Olano (PNV), tendrá que rendir cuentas ante la Justicia por repudiar el ordenamiento constitucional

La placa colocada hace un mes en la Diputación de Gipuzkoa como muestra de rechazo a la obligación de izar la bandera española tendrá que ser, con toda seguridad, quitada y el diputado general, el nacionalista Markel Olano, habrá de rendir cuentas ante la Justicia por un gesto que roza la desobediencia legal.

La Abogacía del Estado ha puesto en marcha un proceso denunciando que la Diputación de Gipuzkoa, en manos del PNV y Hamaikabat, ha llevado a cabo un "indebido cumplimiento de la sentencia del 30 de septiembre de 2005", por la que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco obligó a esta institución a colocar la bandera española en su sede, a instancias de la Delegación del Gobierno del País Vasco.

Hay que recordar que la entidad foral finalmente colocó la bandera el pasado 27 de febrero, pero celebró un acto público (ver vídeo) en el que el diputado general, Markel Olano, leyó una declaración institucional aprobada anteriormente por el consejo de diputados en la que sostiene que la bandera española es un "símbolo impuesto" a la Diputación "bajo la amenaza de sanción". A este respecto, el abogado del Estado destaca en su escrito la gravedad que supone que el diputado general colocara una placa (ver fotografía) en el Palacio Foral haciendo alusión a dicha pretendida imposición. A su juicio, esta actuación del gobierno foral tiene un "carácter debilitador del cumplimiento de la sentencia", lo que se hace "a regañadientes", dejando entrever la idea de que ésta en ningún caso se llevaría a cabo "si la decisión perteneciera al ámbito de la Diputación".

El incidente de ejecución de sentencia, que se presentó ayer ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por la Abogacía del Estado, se basa en el artículo 103.2 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), que dice que "serán nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias, que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento".

La Abogacía del Estado considera que la sentencia aludía a un carácter "no meramente formal" a la izada de la bandera, sino "teleológico y axiológico", ya que dicho acto "incorpora valores constitucionales", con los que admite que "se puede discrepar". Aunque, añade, "una cosa es la discrepancia y otra el cumplimiento de la ley que en el fondo y en la forma pretende garantizar la sentencia cuyo cumplimiento, sesgada pero nítidamente, pretende eludir la declaración de la Diputación de Guipúzcoa", argumenta la Abogacía del Estado. Para la Abogacía del Estado, acatar a medias el fallo antes citado y dejando constancia pública de que no se acepta, supone no acatarlo, al menos "en los términos de integridad que debe encerrar".

La Abogacía del Estado demanda, en definitiva, que se declare nula tanto la placa instalada en la entrada del Palacio foral como la declaración institucional leída ese día por el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano.





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